Las relaciones de los empresarios Carmelo, Horacio y Levin De Grazia, propietarios en Miami de Bocas Grill, con personajes polémicos en Venezuela

En agosto de 2019 la web ultimahora24.com denunció que en los
Estados Unidos funciona una red de restaurantes propiedad de «enchufados»
venezolanos o personas que han realizado negocios en Venezuela, gracias a
conexiones políticas en su país.

Según la información, los propietarios de los restaurantes Bocas House, Bocas
Grill, La Fontana y Francisca; Carmelo, Horacio y Levin De Grazia guardan
relación con el banquero alemán Matthias Krull, quien en 2018 se declaró
culpable de lavado de dinero en una corte de Miami como parte de una trama que
blanqueó unos 1.200 millones de dólares desfalcados a la estatal Petróleos de
Venezuela (PDVSA).

Una información de la web Noticiero Venevisión en noviembre de 2018, haciendo mención a Matthias Krull, señaló: «Se detectó, además, que aparecen nuevos nombres conectados con este
banquero alemán, como los son los venezolanos Alfredo Portales, Carmelo y
Horacio De Grazia, quienes son empresarios de bajo perfil».

Referencias recientes indican que los propietarios de la red de restaurantes
son sobrinos de Américo De Grazia, un diputado del antichavismo en Venezuela,
quien fue alcalde de Upata, una ciudad ubicada en el interior de la provincia
de Bolívar, al sur del país petrolero. Según personas con conocimiento de la
situación, De Grazia tuvo un desempeño opaco como alcalde y se le ha
relacionado con temidos sindicatos y grupos de mineros ilegales que operan en
el Arco Minero del Orinoco, la mayor zona minera de Venezuela, en la que hacen
presencia sanguinarias mafias dedicadas a la extracción de oro y otros
minerales de gran valor. Una persona consultada ha dicho que pese a rumores,
todavía no ha logrado probarse que el diputado tenga negocios ilegales con
miembros del gobierno, pero que si los tuviera, deberían investigarse y ver si
éstos tienen relación con los de sus sobrinos, dueños de los restaurantes
Bocas Grill en los Estados Unidos, pues por ejemplo en el chavismo ya se han
visto casos de figuras que tienen familiares con negocios fuera de las
fronteras del país caribeño, que han sido ampliamente denunciados.

De Grazia ha estado en los últimos años en el centro de la controversia, tanto
por sus denuncias acerca de masacres de mineros en la provincia de Bolívar,
como por las acusaciones en su contra. Unas de estas fueron las realizadas por
la periodista venezolana exiliada en los Estados Unidos, Patricia Poleo, quien
en 2016 denunció que varios diputados del antichavismo habían firmado un
acuerdo de «guiso de corrupción» en el caso de unas plantas eléctricas
adquiridas por el estado venezolano con sobreprecio, en un negocio que
benefició a un grupo de jóvenes empresarios comúnmente denominados
«bolichicos».

Poleo aseguró que los parlamentarios Américo De Grazia, Elías Matta, Ismael
García, Jorge Millán, José Gregorio Noriega, Luis Carlos Padilla, Stalin
González y Tobías Bolívar eran parte de una posible estafa. A esto De Grazia
respondió: “Soy y seré denunciante de los ‘Bolichicos’ y sus desfalco a la
nación. Mal pudiera yo exonerarlos de responsabilidad”, sostuvo De Grazia
asegurando no ser “extorsionable»».

El mismo 2016 la periodista Patricia Poleo se manifestó extrañada acerca de
por qué el diputado De Grazia se oponía a que una empresa de comprobada
seriedad obtuviera una concesión minera en Venezuela.

En un hecho aislado, el 20 de mayo de 2016, el diputado Américo De Grazia
denunció la confiscación de los equipos de la emisora Especial 95.5 FM,
propiedad de su familia en Upata, en un operativo con despliegue militar por
orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), una entidad que
rige las telecomunicaciones en Venezuela, en poder del gobierno de Nicolás
Maduro.

El 8 de mayo de 2019 fue levantada la inmunidad a Américo De Grazia como
diputado, por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, por
solicitud del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de la fiscalía venezolana,
al ser acusado de traición a la patria, concierto para delinquir y otros
presuntos delitos, por haber participado en el intento de levantamiento
militar contra Nicolás Maduro y en apoyo a Juan Guaidó, sucedido en Venezuela
el 30 de abril de 2019.