Jairo Joel González Durán, autoproclamado “Rey de las Criptomonedas” en República Dominicana, vio su imperio de falsedades derrumbarse el martes 25 de febrero de 2025. El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional lo condenó, junto a Gustavo Emilio López de los Santos, a cinco años de prisión, a cumplirse en la cárcel de Najayo para hombres. La sentencia, un hito en la lucha contra el fraude financiero en el país, también obliga a la devolución de 800,000 dólares y una indemnización de 25 millones de pesos dominicanos a una de las víctimas. Pero este es solo el clímax de una historia de ostentación, engaños y promesas rotas que se remonta a varios años atrás.
La vida de González y sus cómplices, incluyendo al prófugo Nathanael Agustín Betances Montaño y a Samil Abad de la Rosa (extraditado desde Colombia), era una farsa construida sobre el dinero de al menos 450 ahorrantes, a quienes les arrebataron cerca de 100 millones de dólares. Mientras los inversionistas veían desvanecerse sus ahorros, González y su séquito se entregaban a una vida de “príncipes”, con viajes a Dubái, Emiratos Árabes, Guatemala y Miami. Jets privados, helicópteros alquilados y una flota de vehículos de lujo, incluyendo un Lamborghini Urus 2019 y un Porsche Macan 2017, eran solo la punta del iceberg de su derroche.
Pero la ambición de González no se detuvo en los lujos. El Ministerio Público reveló cómo el dinero de los incautos se utilizó para adquirir propiedades, incluyendo un penthouse en el condominio Brandon XVII y locales comerciales en el condominio Náutica Business Center y la Plaza El Fresno. Estas propiedades, posteriormente, fueron traspasadas a testaferros en un intento de ocultar el rastro del dinero, un acto que podría acarrearles acusaciones por lavado de activos. La codicia de González parecía no tener límites, un apetito voraz que devoraba los sueños y esperanzas de quienes confiaron en sus promesas.
La Farsa de Harvest Trading Cap y la Ley 249-17
La empresa de González, Harvest Trading Cap, se presentaba como una entidad dedicada al “trading”, la inversión en bolsa y criptomonedas. Sin embargo, la Superintendencia de Valores dominicana, ya en 2023, había dejado claro que ni la empresa ni sus socios, Jairo Joel González Durán y Kelmin Santos Rodríguez, estaban inscritos en el registro del mercado de valores. Una flagrante violación a la ley que, sin embargo, no impidió que González continuara operando y captando inversiones.
El modus operandi era simple, pero efectivo. Se prometían ganancias exorbitantes, un 30% por trimestre, a cambio de la entrega de considerables sumas de dinero. Los contratos, inicialmente de tres meses y luego extendidos a seis, con posibilidad de renovación, eran el anzuelo perfecto para atraer a inversionistas ávidos de multiplicar su capital. La caída del bitcoin a principios de 2022, la crisis en Ucrania y la quiebra de intermediarios, según alegó González, fueron las excusas perfectas para justificar el incumplimiento de los pagos a partir de junio de 2022.
El abogado César Amadeo Peralta, figura clave en la condena de González, señala que la mayoría de estas “sociedades fantasmas” que operan en el mercado de valores dominicano carecen del fondo de contingencia requerido por la Ley 249-17. Esta ley, con sus 367 artículos, establece requisitos estrictos para operar en el mercado de valores, incluyendo un capital suscrito y pagado mínimo de 50 millones de pesos dominicanos en efectivo, indexado anualmente. Harvest Trading Cap, y muchas otras como ella, no cumplían con estos requisitos, dejando a los inversionistas a merced de la “buena fe” de individuos como González. Una “buena fe” que, como se demostró, era inexistente.
De Loma de Cabrera a la infamia
La historia de Jairo Joel González Durán es una parábola de ambición desmedida. Originario del municipio Loma de Cabrera, provincia Dajabón, González se “especializó” en negocios y fundó Harvest Group & Asociados. Durante siete años, hasta 2023, se dedicó a impartir cursos y conferencias, viajando por el mundo y enseñando a jóvenes a invertir en criptomonedas y otros esquemas financieros. Se presentaba como un visionario, un gurú de las finanzas, capaz de convertir a cualquiera en un inversor exitoso.
Pero la realidad era muy distinta. El 13 de febrero de 2023, la imagen de González como empresario exitoso se hizo añicos. Fue arrestado durante un allanamiento en una villa en Jarabacoa, La Vega, y trasladado al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde permaneció detenido. El Ministerio Público, tras recibir denuncias de más de 50 personas que alegaban haber sido estafadas, había iniciado una investigación que culminó con su arresto. Los intensos interrogatorios a los que fue sometido el 14 de febrero de 2023 fueron solo el preludio de su caída.
El “Rey de las Criptomonedas” se enfrentaba ahora a la justicia, no solo por la reciente condena, sino también por otros procesos judiciales pendientes. Se le acusó de estafa, abuso de confianza, violación a la ley de lavado de activos y a la Ley 249-17 sobre el mercado de valores. La máscara del empresario exitoso se había caído, revelando el rostro de un estafador.
Una segunda condena y la lucha continúa
La condena del 25 de febrero de 2025 contra Jairo Joel González y Gustavo Emilio López de los Santos no es un caso aislado. Representa la segunda condena por fraude con criptomonedas emitida en República Dominicana, un precedente importante en la lucha contra este tipo de delitos. Los abogados César Amadeo Peralta, Danilo Lapaix, José Nicomedes Peralta y Francisco Suero, quienes también lograron la primera condena de este tipo en el país, fueron los artífices de este nuevo golpe contra la impunidad.
El abogado César Amadeo Peralta tomó la audaz decisión de llevar el proceso sin la participación del Ministerio Público, lo que permitió que los jueces acogieran todas sus pretensiones penales y civiles. Una estrategia arriesgada, pero que demostró ser efectiva. Esta decisión marca un antes y un después en la forma en que se abordan los delitos financieros en el país, especialmente en el ámbito de las criptomonedas, un terreno que, hasta ahora, había sido fértil para estafas y esquemas Ponzi. La sentencia envía un mensaje claro: las autoridades dominicanas están dispuestas a actuar con firmeza para proteger a los inversionistas. Ya en enero de 2023, se conocía que la Procuraduría General de la República Dominicana había iniciado la investigación contra González.
La caída de Jairo Joel González no es solo la historia de un estafador, sino también una advertencia para aquellos que buscan enriquecerse rápidamente a través de esquemas fraudulentos. Es un recordatorio de que la ambición desmedida, la falta de escrúpulos y la violación de la ley, tarde o temprano, tienen consecuencias. Y para aquellos que buscan invertir su dinero, es una llamada a la prudencia, a la investigación y a la desconfianza ante promesas de ganancias milagrosas.
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