Luisa Ortega Díaz, exfiscal general venezolana que desafió a Nicolás Maduro al
ponerse del lado de sus oponentes, ha sido implicada en un importante caso de
corrupción que involucra a un empresario venezolano que se declaró culpable en
Estados Unidos de pagar 1 millón de dólares en sobornos, dijeron dos personas
familiarizadas con el caso.
Según un reporte de Joshua Goodman para The Associated Press (AP), la
exfuncionaria, Luisa Ortega Diaz, no se menciona por su nombre en el caso
federal de Miami. Pero al declararse silenciosamente culpable de un solo cargo
de conspirar para defraudar a los Estados Unidos, el empresario venezolano
Carlos Urbano Fermín admitió haber pagado alrededor de $ 1 millón en sobornos
a un «fiscal de alto rango» en Venezuela para evadir cualquier investigación
sobre sus contratos con el gigante petrolero estatal PDVSA.
El funcionario venezolano no identificado es la exfiscal Ortega, dijeron las
dos personas familiarizadas con el caso. Acordaron dar los detalles solo si no
se citaban sus nombres, porque se suponía que no debían discutir la
investigación, que aún está en curso.
Ortega no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Pero el año
pasado, cuando Fermín fue acusado, dijo que las acusaciones de soborno fueron
provocadas por el arresto del hermano de Fermín en Venezuela y fueron un
intento del Gobierno de Maduro de forzar una confesión y empañar su
reputación.
Ortega, una admiradora desde hace mucho tiempo del fallecido Hugo Chávez,
rompió con el Gobierno socialista de Venezuela en 2017, por lo que llamó el
descenso del país a la dictadura, cuando Maduro desconoció la Asamblea
Nacional controlada por la oposición y creó una asamblea constituyente
paralela.
Por sus opiniones abiertas, fue destituida como fiscal general y huyó
rápidamente a la vecina Colombia, donde ella y un equipo de fiscales exiliados
agudizaron sus ataques contra la corrupción en Venezuela y proporcionaron
pruebas a la Corte Penal Internacional de abusos de derechos humanos
presuntamente cometidos por el Gobierno de Maduro.
Los aliados del líder de la oposición Juan Guaidó se unieron en su defensa,
llamándola la fiscal general «legítima» de Venezuela y buscando aprovechar su
deserción para construir una coalición más amplia contra Maduro.
Según una oferta fáctica de tres páginas muy redactada que acompaña a su
declaración de culpabilidad, Fermín dijo que entre 2012 y 2016 sus empresas
obtuvieron numerosos contratos importantes de tres empresas conjuntas de PDVSA
con compañías petroleras extranjeras, entre ellas China National Petroleum
Company, Rosneft de Rusia y Total de Francia. SA.
A principios de 2017, la oficina de Ortega tenía una investigación sobre la
adjudicación de los contratos con las empresas conjuntas en la Faja
Petrolífera del Orinoco, que se encuentran en la cima de las reservas de crudo
más grandes del mundo, según la petición de Fermín. Casi al mismo tiempo, fue
abordado por un abogado en Venezuela cercano al fiscal de alto rango anónimo
con la promesa de que podría anular cualquier investigación criminal, dijo
Fermín.
Al describirse a sí mismo como una «póliza de seguro», el intermediario
«informó al acusado que tenía la capacidad de evitar cargos criminales», según
el expediente judicial.
Posteriormente, dijo Fermín, transfirió aproximadamente $ 1 millón desde
Estados Unidos a cuentas en beneficio del funcionario venezolano anónimo,
incluido un pago de $ 100,000 a un banco en el suburbio de Coral Gables en
Miami.
¿Quién es Luisa Ortega Díaz?
Luisa Ortega Díaz fue fiscal general de la República de Venezuela, hasta ser
destituida por la Asamblea Nacional Constituyente el 5 de agosto de 2017, tras
cuestionar las elecciones para la realización de la Asamblea Constituyente
propuesta por Nicolás Maduro. Trabajó al lado del ex vicepresidente y ex
fiscal general, Isaías Rodríguez, en causas laborales del estado Aragua. En el
juicio que se le siguió a Iván Simonovis y al resto de los comisarios de la
extinta Policía Metropolitana solicitó las penas más altas contempladas en la
legislación penal venezolana. Su despacho conoce denuncias de torturas y
homicidios atribuidos a la fuerza pública durante las protestas que se
iniciaron a comienzos de febrero del 2014 en todo el país, reseñó el medio Prensa América.
En marzo del 2017, la fiscal se manifestó en contra de dos sentencias emitidas
desde la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ),
denunciando que estas “evidencian una violación del orden constitucional y
desconocen el modelo de Estado consagrado en la Constitución”.
Las sentencia 155 está orientada a habilitar al Ejecutivo para que pueda
legislar en aspectos clave, sin contar con el aval del legislativo y en el
marco del Decreto de Excepción aún vigente. Por su parte, la sentencia 156
establece que, por desacato de los diputados de la Asamblea Nacional, de
mayoría opositora, la Sala Constitucional del TSJ se encargará de cumplir con
las funciones parlamentarias.
Días después, el 1 de abril, Nicolás Maduro recibió a Ortega en Miraflores en
relación a sus declaraciones.
Un artículo publicado por El Nacional el 4 de mayo de 2017 indica: “La fiscal
general Luisa Ortega Díaz, bajo presión por criticar al gobierno que sirve, en
una entrevista a The Wall Street Journal, condenó la represión contra los
manifestantes, denunció la inflación estratosférica en el país y alabó la
Constitución que el presidente Nicolás Maduro se propone eliminar”.
Días después, el 17 de mayo, la fiscal le hizo llegar una carta a Elías Jaua,
quien fue designado para presidir la comisión presidencial de la
Constituyente, en donde señalaba que una nueva Carta Magna generaría
incertidumbre y desconfianza en lugar de coayudar a la “reconciliación
nacional”. “Para resolver la crisis indudable y sin precedentes que atraviesa
el país, no es necesario, pertinente ni conveniente llevar a cabo una
transformación del Estado en los términos que podría suponer una nueva
Constitución”, señala el texto, reseñado por el diario El Nacional, y que fue
filtrado y difundido por las redes sociales.
Durante una rueda de prensa realizada el 24 de mayo de 2017 desmintió las
declaraciones hechas por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor
Reverol, al decir que la muerte de Juan Pernalete -joven que perdió la vida en
mayo durante la jornada de protestas opositoras- “se produce por un shock
cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax. El fue impactado por una bomba
lacrimógena”.
El 28 de junio de 2017 en una rueda de prensa dijo que la Asamblea Nacional no
se encuentra en desacato como lo definió el TSJ. “Eso no existe. Quienes son
ilegítimos son los magistrados del TSJ, que no aguantan una auditoría”,
aseguró.
El 3 de julio de 2017 expresó en un video difundido por el Ministerio Público
que rendirse no es una opción ante las personas que pretenden adueñarse del
país y “gobernar sobre ruinas”. Dijo que el artículo 333 de la Constitución
indica que los ciudadanos tomando o no la figura de autoridad, tienen que
colaborar con el restablecimiento de su vigencia. “Por esto llamo a los que
amamos esta patria, a quienes la sentimos, a quienes queremos calidad de vida,
a quienes quieran que sus familias vuelvan a unirse y a quienes quieren que
sus hijos regresen al país con oportunidades a defender pacíficamente y sin
violencia lo que por derecho nos corresponde”, aclaró.
“(1) Denunciamos la pretensión arbitraria de la vicefiscal nombrada por el TSJ
de ingresar al Ministerio Público. (2) Responsabilizo al Sebin y a la GNB de
cualquier situación irregular que ocurra contra la sede y sus funcionarios”,
escribió el 6 de julio de 2017 en su cuenta oficial de Twitter.
Durante una rueda de prensa el 31 de julio de 2017, un día después de la
realización de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, en la que
Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), anunció
8.809.320 de votos recolectados, anunció su desconocimiento de los resultados.
“Me dirijo al país en mi posición de fiscal general y miembro del Consejo
Moral Republicano para desconocer los presuntos resultados de esa
constituyente presidencial”, indicó.
En una entrevista hecha por CNN el 2 de agosto de 2017 aseguró que su actitud
con la situación del país siempre ha sido la misma. “Yo no he cambiado,
siempre he sido la misma. Quienes han cambiado son otros. Revisen mi postura
desde que fui designada fiscal general y verán que siempre he mantenido la
misma posición. Creo que los que cambiaron son otros”, indicó.
El 18 de agosto de 2017 se dio a conocer por un comunicado de Migraciones de
Colombia que Ortega Díaz llegó en compañía de su esposo, Germán Ferrer, a este
país, luego de que la Asamblea Nacional Constituyente destituyera de su cargo
y amenazara con apresarla por supuestas irregularidades.
El 22 de agosto de 2017 Maduro solicitó a Interpol una orden de captura contra
Ortega Díaz y su esposo Ferrer. Un día después, Ortega llegó a Brasil, país
donde asistiría a la cumbre de fiscales del Mercosur. Según una información
emitida por medios de comunicación brasileños allí hablaría de Odebrecht, de
la corrupción en Venezuela y su situación.
El 16 de noviembre de 2017 denunció a Nicolás Maduro ante La Haya y aseguró
tener más de 1.000 elementos probatorios de lesa humanidad cometidos desde
2015 hasta junio de 2017.
El 19 de febrero de 2018, durante un video transmitido en vivo por su cuenta
Twitter, solicitó la captura internacional de Nicolás Maduro por el caso
Odebrecht.
El 23 de marzo de 2018 fue acusada por Walid Makled de tener conocimiento en
casos de narcotráfico y venta de armas de largo alcance a grupos subversivos
en Colombia. Aseguró que, a pesar de tener este conocimiento, nunca procedió.
El 5 de noviembre de 2018, Ortega Díaz escribió a través de su cuenta en la
red social Twitter: “He enviado una comunicación a la Procuraduría General de
México para que nos informen sobre los términos del acuerdo reparatorio que
anunciaron en el caso de los CLAP”. La otrora fiscal general, aseguró que el
organismo mexicano dejó en evidencia un supuesto complot con funcionarios
venezolanos, por lo que solicitó la información de los resultados de la
reunión.
Luisa Ortega Díaz fue designada como Fiscal General de la República para el
período 2007-2014. Se desempeñó en 1999 como Consultora Jurídica de Venezolana
de Televisión durante la presidencia de Mari Pili Hernández y en abril de 2002
ingresó al Ministerio Público como fiscal de procesos, de la mano del entonces
fiscal general, Isaías Rodríguez, a quien conoció en Maracay, cuando ambos
acompañaron la lucha de los trabajadores de la industria textil del estado
Aragua.
Es abogada egresada de la Universidad de Carabobo, en cuyos años de estudiante
militó en el grupo Ruptura, un frente abierto del Partido de la Revolución
Venezolana, fundado por el dirigente político y ex guerrillero Douglas Bravo.
Se graduó de Doctora en Ciencias Jurídicas, mención Derecho Constitucional, en
la Universidad Santa María y obtuvo una especialización en Derecho Procesal en
la Universidad Católica Andrés Bello y otra en Derecho Penal en la Universidad
Santa María.
Antes de ser nombrada como fiscal general, estuvo al frente de la Fiscalía
sexta con competencia nacional, donde asumió buena parte de los casos
emblemáticos que inició el fiscal Danilo Anderson, antes de ser asesinado.
Entre ellos destaca el de los firmantes del decreto de Pedro Carmona; la
acusación contra Carlos Ortega y otros de los líderes del paro de diciembre de
2002 y enero de 2003; la investigación contra la organización no gubernamental
Súmate por haber recibido fondos del extranjero y la acusación contra los ex
comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas y otros ocho
funcionarios de la Policía Metropolitana por el caso del 11 de abril, a
quienes se les dictó sentencia condenatoria.
Ortega Díaz llegó a ser la Directora de Actuación Procesal del Ministerio
Público, cargo del que se separó en noviembre de 2007 para integrar la lista
de postulaciones de la que salió electa como Fiscal General de la República.
Su designación, sin embargo, causó críticas en el Foro Penal Venezolano y
otras organizaciones no gubernamentales, cuyos voceros reclamaron violaciones
al artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, por no haber convocado
a un proceso público con representantes de diversos sectores de la sociedad
civil.
Algunos también rechazaron su designación, tras advertir que aun siendo la
representante jurídica de Multiconsumos Mónaco, una de las empresas
involucradas en los señalamientos contra el ex gobernador del estado Guárico,
Eduardo Manuitt, no se inhibió como cabría suponer ante el conflicto de
intereses y asumió la investigación como fiscal.
Al postularla en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, el diputado Mario Isea,
del entonces Movimiento Quinta República (MVR), expresó que “tiene valentía
demostrada (…) (en) el sabotaje petrolero (…) porque supo defender los
intereses de la patria”.
En el acto de juramentación, celebrado el 21 de diciembre de 2007, Ortega Díaz
afirmó que estaría abierta al diálogo con todos los venezolanos. “Juro ante
Dios, juro en nombre de nuestra Constitución que seremos justos, equitativos,
respetuosos de la garantía del debido proceso, de la dignidad humana y muy
especialmente de los derechos humanos; pero también seremos, sin duda,
celosos, cuidadores de la moral administrativa y de la ética pública como
atribuciones fundamentales de su proceder”, dijo en esa oportunidad.
El Foro Penal Venezolano se reunió con representantes de la Fiscalía General
de la República para denunciar 40 casos de torturas y tratos degradantes,
atribuidos a funcionarios policiales y de la fuerza pública, en su actuación
para contener la ola de protestas que sacudieron a varias ciudades del país
entre febrero y marzo de 2014.
El 18 de febrero de 2014, como resultado de los daños al Ministerio Público
ocasionados durante las protestas 6 días antes, el líder opositor Leopoldo
López fue solicitado por la justicia venezolana para responder a estas
acusaciones.
A pesar de esto, y de que el 11 de septiembre se determinó que durante los
hechos violentos del 12 de febrero no hubo incendio en la sede del Ministerio
Público, durante una entrevista en Venevisión la fiscal general de la
República afirmó que en Venezuela no había procesados por casos políticos y
que todos los presos obedecen a “delitos comunes”. Del mismo modo, Ortega
declaró que considera su gestión como una administración “transformadora”, que
fortaleció a la Fiscalía. En diciembre de 2014, sin embargo, fue incluida en
la lista de sancionados por el gobierno de Estados Unidos por los casos de
violación de derechos humanos en las protestas.
En agosto de 2017 se conoció un video de cómo fue el allanamiento que
realizaron funcionarios policiales al apartamento de la Fiscal General de la
República destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, Luisa Ortega
Díaz.
Una vez dentro del apartamento de 300 metros cuadrados, se observaron las
prendas de marca que utilizaba la funcionaria, además de las botellas de
bebidas alcohólicas de alto costo y los cuadros con certificado de
autenticidad.
Acusada de extorsiones
Pero hay también otros aspectos reseñables en el historial de la ex fiscal,
quien supuestamente aspiraba a convertirse en presidenta de Venezuela en una
eventual etapa de transición política.
Probablemente un mal pronóstico sobre un cambio de régimen en Venezuela, la
llevó al enfrentamiento con Maduro y a ponerse del lado de la oposición,
huyendo a Colombia y ofreciendo realizar denuncias ante las autoridades de
Estados Unidos, ante la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos. Pero la ex fiscal, quizás ante algunos
temores, no ha mostrado intención de asilarse en Estados Unidos.
Sobre su accionar al frente del Ministerio Público venezolano se han dicho
cosas muy negativas, como que encabezaba junto a su esposo, el ex diputado
Germán Ferrer, una supuesta red de extorsión a procesados de alto perfil,
siendo supuestamente uno de ellos el empresario Alex Saab, desde cuyos
pasillos saldría una revelación sobre la entrega de un millón de dólares para
la entonces máxima autoridad del MP, asunto que al parecer el colombiano le
recordaba, asegurando tener pruebas, cada vez que ella iniciaba embestidas
contra él, obligando a la exfiscal a guardar silencio sobre el caso del
barranquillero.
Pero antes, en varias ocasiones en las que anunciaba pruebas contra Alex Saab,
la abogada habría gozado de la generosidad del colombiano.
Otras historias por algunos contadas son su especial vinculación,
supuestamente romántica, con su asistente Gioconda González y las fiestas de
connotación sexual a las que al parecer asistía por invitación de Antonio
Chambra, propietario de las tienda Traki, a las que también eran invitados
Alex Saab, su socio Álvaro Pulido y otros individuos vinculados al negocio de
la venta de alimentos al régimen. La atracción de las fiestas eran hermosas
misses y ex misses muy dispuestas a complacer a los invitados.
De acuerdo con indagaciones, presuntamente fiscales y directores del MP
cobraban determinadas tarifas en dólares o bolívares para no imputar a
delincuentes o culpar a personas inocentes. Hasta ahora han sido detenidos
cuatro funcionarios.
Por esta red fue imputado y solicitado el allanamiento de la inmunidad
parlamentaria del diputado y esposo de la exfiscal, Germán Ferrer, quien actuó
en complicidad con Pedro Lupera, fiscal 55 nacional; y Luis Sánchez, fiscal
auxiliar 55 nacional.
El abogado José Parra Saluzzo también ha sido imputado por delitos de
extorsión y abuso de poder. Se presume que su bufete cobraba las extorsiones y
estaría implicado en casos de corrupción de la Faja Petrolífera del Orinoco.
El soborno de $ 800.000 que el empresario Alex Saab aseguraba haber pagado
en Venezuela
Mucho antes que el Gobierno de Venezuela le asignase a Alex Saab el título de
enviado especial, con estatus diplomático, el Ministerio Público venezolano lo
investigaba tanto a él, como a su socio, Álvaro Pulido Vargas, por ilícitos en
la venta de casas prefabricadas, a través de la compañía Fondo Global de
Construcción; pero también, poco luego, por irregularidades en el suministro
de productos a la red estatal Abastos Bicentenario. La investigación había
partido de otra iniciada por la fiscalía de Ecuador, por la exportación de
materiales de construcción que nunca llegaron a Venezuela, reseñó Cocky de la
Torre en
expresa.se.
En el mes de marzo del año 2016 se registró un allanamiento a las oficinas de
Saab y Pulido, ubicadas en el Centro Empresarial Galipán, en Caracas. Allí
funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y
Criminalísticas (Cicpc) buscaban documentación que certificase irregularidades
en los negocios que el dúo de empresarios mantenía con Abastos Bicentenario,
mediante compañías registradas en Hong Kong,que habían recibido dólares
preferenciales del Gobierno a través del Sistema Complementario de
Administración de Divisas (Sicad). Los empresarios habían sido previamente
investigados por ilícitos en la utilización del Sucre (Sistema Unitario de
Compensación Regional de Pagos), en el negocio de casas prefabricadas, caso
que generó un intercambio de información y colaboración entre las fiscalías de
Ecuador y Venezuela, mientras Galo Chiriboga fungía como Fiscal General de
Ecuador y su homologa Luisa Ortega Díaz, llevaba las riendas de la fiscalía de
Venezuela.
En un primer allanamiento a las oficinas de Saab y Pulido, la policía les
incautó computadores y documentos. En un intento por controlar la situación,
según una persona familiarizada con el asunto, los empresarios supuestamente
ofrecieron sobornos a policías y fiscales, pero no cumplieron con las coimas.
Posteriormente se registró un segundo allanamiento, en el que la policía se
hizo de otros computadores y documentos comerciales que incriminaban
supuestamente a los empresarios en manejos dolosos. Pero no fue lo único que
se llevaron de las oficinas, también incautaron pasaportes de ambos, aunque
hasta la fecha pocos conocen si los pasaportes eran colombianos, venezolanos o
de otra nacionalidad.
Pese a las circunstancias, los empresarios lograron salir de Venezuela
utilizando otros pasaportes que tenían en su poder, obviando que tuviesen
prohibición de salida del país o cualquier otra medida judicial que pesase en
su contra. Su actividad en Venezuela permaneció así en vilo durante varios
meses.
La exfiscal general Luisa Ortega Diaz, hoy exiliada en Colombia, poco ha dicho
en crónicas periodísticas, de la investigación que adelantaba el Ministerio
Público venezolano, entonces a su cargo, contra ambos socios. Lo único que sí
ha reconocido Ortega es que en su huida de Venezuela se llevó con ella
documentos incriminatorios que comprometían a Saab y Pulido.
Según una persona con conocimiento del caso, el propio Alex Saab confesaba a
su círculo de allegados que había logrado paralizar la investigación de la
fiscalía de Venezuela en su contra tras haber pagado, según el empresario, $
800.000 a la entonces fiscal general Luisa Ortega Diaz.
Después de huir de Venezuela, Ortega hizo algunos pronunciamientos contra
Saab, que en el círculo del empresario fueron interpretados como otros
intentos de presionarlo para conseguir supuestamente nuevos sobornos del
colombiano.
Sus compatriotas dudan de las acciones de Luisa Ortega Díaz
El 2 de diciembre de 2019, Luisa Ortega Díaz, a quien algunos países y la
oposición venezolana reconocen como fiscal general de Venezuela en el exilio,
envió una carta a Juan Guaidó, en su condición de presidente encargado de
Venezuela, como es reconocido por varias decenas de naciones. Allí, Ortega
solicitó copias certificadas de expedientes, registros documentales y
comunicaciones emitidas por la Comisión Permanente de Contraloría de la
Asamblea Nacional de Venezuela, desde 2017 hasta 2019, en el marco de la
colaboración institucional entre poderes públicos, prevista en la Constitución
venezolana.
En la misma carta Ortega señaló que el petitorio se daba en el marco de la
investigación penal iniciada por el Ministerio Público a su cargo, en virtud
de los presuntos hechos de corrupción en los que incurrieron diputados
miembros de la comisión parlamentaria. Esto después que aparecieran documentos
firmados por asambleístas que certificaban que el empresario Alex Saab y su
testaferro Carlos Lizcano no estaban relacionados con empresas incursas en
corrupción con la venta de alimentos al Estado venezolano.
No obstante, algunos de sus compatriotas ponen en duda la rectitud de la
llamada “fiscal general en el exilio”, pues estos acusan a Ortega de haber
ocultado en el pasado pruebas contra Alex Saab. En fecha más reciente, han
dicho igual de Ortega, señalándola de participar en una operación para
proteger a los empresarios venezolanos Axel Capriles y Miguel Ángel Capriles
López, quienes han extendido sus inversiones al negocio del ladrillo en
España, a la sazón de la opacidad de los negocios que les permitieron a los
Capriles labrarse una fortuna en Venezuela.
Lujos
La vanidad, excentricidades y lujos caracterizaron la vida en Venezuela de
Luisa Ortega Diaz, la ex-fiscal general que se apartó del chavismo y reconoció
como presidente al líder opositor venezolano Juan Guaidó.
Algunas referencias señalan que su apartamento en Caracas estaba repleto de
joyas lujosas, obras de arte, prendas de diseñador, utensilios y un costoso
autorretrato, por lo cual algunos venezolanos han pedido explicaciones acerca
de cómo logró hacerse de todos esos privilegios, con un sueldo de fiscal
general que no le permitía tener tanto.
El rescate suizo
El lunes 22 de julio de 2019 la ex-fiscal general de Venezuela Luisa Ortega
Díaz arrancó una gira europea comenzando por Madrid, donde se reunió con
personalidades del mundo político, pero en realidad el centro de aquel viaje
fue Ginebra, donde tenía marcada dos importanntes actividades, una era verse
con la doctora Michelle Bachelet, y la otra ir al edificio situado en Route de
Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, donde operan las oficinas de la Procuraduría
(Fiscalía) General de Ginebra, Suiza. Ella llevaba una encomienda especial y
secreta, rescatar a dos de los implicados en el mil millonario robo contra
PDVSA, Francisco Morillo y Leonardo Baquero allá enjuiciados y arrestados
producto de un proceso criminal por lavado de dinero que se tramitó en el
expediente P/3072/2018.
Según el abogado venezolano Carlos Ramírez López, una megabanda hamponil se
adueñó de la otrora poderosa industria petrolera de Venezuela para ponerla
aparentemente al servicio de una revolución, pero en realidad para saquearla,
tarea que se encomendó por primera vez al ex-ministro petrolero Rafael Ramírez
quien la ejecutó concienzuda y despiadadamente tras la criminal e inolvidable
puesta en escena por Hugo Chávez sonando un pito en cadena nacional de radio y
televisión para despedir con burla al personal mejor capacitado de PDVSA
-18.000 de ellos- a lo que prosiguió un inhumano ataque de sus bandas armadas
en Los Semerucos en Falcón, sacando a rastras, con plomo y lacrimógenas a los
residentes de aquella urbanización donde vivían cientos de trabajadores y sus
familias. Inmediatamente después de aquella razzia se iniciaron las
actividades de la organización delictiva que lo primero que hizo fue copar los
sistemas informáticos de la compañía para manejar sus negocios.
Como narran reseñas de periodistas de investigación: Maibor Petit, Casto
Ocando, entre otros, un pequeño empresario de nombre Wilmer Ruperti se atrevió
a boicotear el paro de trabajadores de PDVSA, iniciado en diciembre de 2002.
Así se ganó la simpatías de Chávez quien le dio patente de corso para hacer y
deshacer allá adentro y rápidamente ubicó lo que sería una mina de oro, el
centro computarizado, desde donde se manejan las actividades comerciales que
incluyen subastas para la adquisición y comercialización de los productos, así
como la fijación de precios para la compra y la venta. Un negocio tan grande
necesitaba muchas manos y Ruperti trabó fuertes relaciones con Francisco
Morillo y Leonardo Baquero. Era la cabeza de la organización que parasitó a la
empresa robándole más de 10 mil millones de dólares.
Una trama de temas amorosos, infidelidades conyugales y ambición de dinero
llevó a la ruptura del equipo de bandidos. Una fracción quedó con el poder de
la compañía, la otra se extendió por distintas partes del mundo, lavando el
dinero obtenido de aquella actividad. El grupo quedante organizó un plan
judicial para quitarle a la otra la parte del botín que se había llevado. De
allí nace la creación de un contrato de fideicomiso que firmaron en New York
el entonces presidente de PDVSA, Nelson Luís Martínez y el procurador Reinaldo
Muñoz, al cual PDVSA le cedió los derechos a perseguir los dineros con que se
quedó ese grupo, del que casi un 80 por ciento se quedarían los abogados
contratados para ejercer las acciones legales y los financistas de los
juicios.
Al caerse en primera instancia la demanda en Miami, aún cuando continúa por
apelación, impulsaron la que ya habían sembrado en Suiza por la vía penal y la
cual inició el procurador Reinaldo Muñoz. La acción fue incoada expresamente
contra Francisco Morillo y Leonardo Baquero. El Fiscal de Ginebra ordenó la
incautación de gran cantidad de bienes y dineros que tenían en bancos y
también les dictó orden de captura que se cumplió, pero luego les dieron
libertad bajo fianza y con grilletes en los tobillos. Estos dos ya antes
habían tenido relación con el actual procurador que nombró Juan Guaidó, el
doctor José Ignacio Hernández a quien habían contratado como experto para que
diera una opinión en el juicio en Miami.
Abogados de Morillo y Baquero le llevaron al procurador, doctor José Ignacio
Hernández, copia de la acusación que se tramitaba en Ginebra y le pidieron que
les ayudara. Hernández lo hizo pero a través de Luisa Ortega Díaz. Según dijo
el abogado Carlos Ramírez López: “Por ello nos sacaba el cuerpo y desatendió
nuestra petición de que se apersonara en el juicio para impedir el robo y para
castigar a los ladrones. Por eso evadió nuestra reiterada petición de que nos
diera copia de la carta que dijo haber enviado a las autoridades Suizas. Le
explicamos que era para reforzar nuestro caso allá en Ginebra. De tanto
insistirle un día dijo que nos la daría pero nos mintió, faltó a su palabra”.
Luisa Ortega Díaz está involucrada en esta trama. El expediente de Ginebra es
secreto sumarial. La única manera de enterarse de su contenido es siendo
parte. Luisa Ortega tenia copia sin ser parte, se la dio el doctor José
Ignacio Hernández, quien la obtuvo de sus clientes Reinaldo Morillo y Leonardo
Baquero. Asegura el abogado Ramírez López: “Y digo “sus clientes” porque ellos
le contrataron y pagaron honorarios a él y al doctor Rafael Badel Madrid para
actuar como expertos en este mismo juicio. Fue así como ella redactó el
escrito que llevó ante el Procurador de Ginebra, escrito hecho para salvar a
Morillo y a Baquero, pues solo se reduce a atacar las actuaciones del
procurador de Maduro, el tal Reinaldo Muñoz, señalando que: “es un ilegítimo,
no puede actuar en nombre de Venezuela ni de PDVSA”. Es el único argumento que
ayuda a los ladrones porque busca la nulidad de todo el proceso, con el
consiguiente levantamiento de las medidas de aseguramiento de bienes producto
del robo a PDVSA y a que le quiten los grilletes a los reos dejándolos en
tranquilo uso, goce y disfrute de ese mega botín”.
“Nosotros lo que hemos pedido es que se prosigan las investigaciones. Que se
persiga a los delincuentes que han saqueado a PDVSA y los activos incautados
se pongan a disposición del presidente Guaidó. Con razón ni José Ignacio
Hernández, ni Luisa Ortega Díaz han querido apoyarnos, ellos andan en
dirección opuesta. Y pensar que yo llegué a creer en que sí habían los
angelitos negros de Andrés Eloy Blanco”, señaló Carlos Ramírez López.
Por esto sus compatriotas no perdonan a la ex-fiscal
La enemistad entre la ex-fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz y el
ex-secretario de seguridad ciudadana de Caracas, ex-comisario Iván Simonovis,
se se puso de manifiesto en 2019, cuando Simonovis, quien se encuentra
exiliado en los Estados Unidos, ha sido noticia en medios venezolanos, al
recordar que no le perdona la condena de varios años de prisión que Ortega
logró se le impusiera, cuando era aliada del gobierno chavista, por los
sucesos de Puente Llaguno, ocurridos en Caracas en 2002, en los que
fallecieron varios manifestantes, a causa de disparos, que según el gobierno
chavista les fueron propinados por policías al mando de Simonovis.
No obstante, se aseguraba que las declaraciones de Simonovis podían quizás
beneficiar de una u otra manera a Ortega y a su esposo, el exdiputado
disidente del chavismo Germán Ferrer, abriéndoles la posibilidad de que ante
tantos enemigos en el exilio, quienes hoy son referencias políticas para la
oposición venezolana, pudieran así, tanto Ortega como Ferrer, regresar a su
país, del exilio en el que se encuentran en Colombia, después que huyeran al
ser acusados de formar parte de una red de corrupción en el Ministerio Público
venezolano.
En las redes se ha habló de un proyecto para que la pareja regrese a su país,
a representar a una conformación de fuerzas de oposición contra Nicolás
Maduro, previa negociación con el gobierno del mandatario chavista, que
permitiría darle mayor legitimidad al gobierno de Maduro, mientras que Ortega
y Ferrer gozarían de participación política. Pero el supuesto proyecto nunca
vio luz.
El proyecto buscaría conformar una oposición integrada por antiguas piezas del
chavismo, más razonable y dada al diálogo que la actual dirigida por el líder
político Juan Guaidó.
Por otra parte, frente a las enemistades manifiestas hacia su padre, se habló
de la posibilidad de que se les negara el asilo y fueran expulsados de los
Estados Unidos Germán Ferrer (Germancito) y María Andrea Ferrer, hijos ambos
del diputado Germán Ferrer.
Según algunas referencias, María Andrea Ferrer fue objeto de un secuestro
semanas antes de que la actual pareja de su padre, la ex-fiscal general Luisa
Ortega Díaz, se declarara en 2017 en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.
Parte de los antiguos escoltas de Ferrer se habrían trasladado a España para
solicitar asilo político.
Señalada de confabularse con antiguos “clientes”
La ex-fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz, ha emprendido una campaña
internacional en la que se promociona como supuesta «defensora de la justicia»
venezolana, pero en privado, según la web Lechuguinos, no es más que la
asociación de un bufete que recluta a quienes fueron sus clientes durante su
gestión en el Ministerio Público venezolano.
Según Lechuguinos , la premisa es sencilla: “por los viejos tiempos”. Luisa
Ortega Díaz contacta a aquellos delincuentes pertenecientes al crimen
internacional, que en el pasado le pagaban jugosos dividendos por favorecerlos
en sus causas dentro del MP, con la única condición de que estos mismos
clientes señalen hoy a las actuales autoridades en dicha institución.
El modus operandi era extorsionar a presuntos delincuentes, a cambio de
ofrecerles supuestos tratos preferentes en el MP, y librarlos a través de
pagos en divisas.
En 2019 Ortega indicó insistentemente que el MP venezolano pretendía
extraditar desde Colombia al Narcotraficante Yoel Palmar Vergel, quien en
Venezuela y República Dominicana ha sido señalado como el líder del cartel del
malecón; sin embargo, hay que señalar que durante su gestión como Fiscal y
junto con el Director José Miguel Medina Sayago, ambos activamente y en el
ejercicio de poder, favorecieron a este criminal.
Igual sucedió con Yldemaro Hernández (Miembro del cartel del Malecón, dirigido
por Yoel Palmar) signado en el Ministerio Publico como MP-510182015, Número de
expediente WP02-2015-000487 de fecha 03-02-2015, bajo el mando de Ortega Díaz
y José Medina Sayago como director de drogas, solicitaron medida cautelar a
favor de este ciudadano señalado de querer ingresar a Venezuela 414.820,00 USD
en efectivo sin ser declarados, incautados el 03 de marzo de 2015 en el
aeropuerto internacional de Maiquetía.
No conforme con eso, a pesar de que la Procuraduría de República Dominicana
había remitido prueba suficiente de la participación del ciudadano Yoel
Palmar, la entonces Fiscal ordeno a Medina Sayago descartar al ciudadano en
cuestión de la investigación.
En el caso de los 257 kilos de cocaína incautados el 10 de marzo de 2015 en la
carretera nacional Lara-Zulia (MP-107970-2015) por orden de Luisa Ortega Díaz
y de Medina Sayago se excluyó de las investigaciones a Yoel Palmar.
Este modus operandi del sindicato criminal que operaba en el MP bajo la
dirección de Ortega Díaz, y con la esmerada participación de Medina Sayago,
favoreció a Yoel Palmar de nuevo en el caso de los 349 kilos de cocaína
incautados el 24 de marzo de 2016 en el aeropuerto internacional de la Romana,
pese a las pruebas enviadas por la Procuraduría de República Dominicana, se
volvió a excluir a Yoel Palmar de las investigaciones.
Luisa Ortega Díaz y José Medina Sayago dirigían personalmente el curso de las
investigaciones en las que se encontraba sindicado Yoel Palmar, y en todas las
causas fue desestimada la participación del capo, vale la pena preguntarse ¿a
cambio de qué?
Ahora bien, Luisa Ortega Díaz afirma que “Venezuela” quiere extraditar al capo
Yoel Palmar, con la finalidad de que la comprometa en crimines que ella, la
“Inmaculada Fiscal” no ha cometido, que todo forma parte de una persecución
política, y que los verdaderos extorsionadores son otros, todos, nunca ella
que ejerció por 10 años como fiscal.
Basta con un análisis somero de las causas señaladas para determinar que, más
allá de las dudas razonables que se presentan en cada uno, en todos los
ejemplos citados Yoel Palmar fue favorecido por Luisa Ortega Díaz y José
Medina Sayago, quienes ordenaron excluir al capo de las investigaciones y
librarlo de cualquier sospecha, a sabiendas de las pruebas que habían en su
contra.
Si hablamos de otros narcotraficantes buscados incluso por la justicia
Estadounidense, hablemos de Walter del Nogal y de la gente que operaba el
cartel de Vasily Kotosky los cuales fueron liberados en su gestión.
No se trató de una persecución política (que de eso sabe bastante Luisa Ortega
Díaz y José Medina Sayago), se trató de una investigación criminal en contra
de la jefa de un cartel de extorsión que operaba en el Ministerio Publico y
que favoreció a todo aquel criminal que tuviera como pagar, llegando al punto
de sacarle credenciales.
Consciente de que su situación era insostenible, que la cantidad de pruebas en
su contra eran inocultables y que saldrían a la luz pública en cualquier
momento, optó hábilmente por diseñar un rol mediático de perseguida política
que le garantizara impunidad por los delitos cometidos.
Hoy en día, Luisa Ortega Díaz no deja de “trabajar” para sus antiguos
clientes, como se puede inferir del caso del Yoel Palmar, quien gracias a las
gestiones de “su defensora” logró sortear la extradición de la que estaba a
punto de ser objeto desde Colombia hasta Venezuela, reseñó
Lechuguinos.
Lejos de ser una perseguida política, Luisa Ortega Díaz es una prófuga de la
justicia, que tiene que rendir cuenta por todos los delitos cometidos por ella
y su cartel, que extorsionaron a cientos y persiguieron a miles durante el
tiempo que estuvo a cargo del Ministerio Público.
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