El informe fue aprobado a las seis de la tarde del lunes 13 de diciembre de
2021 y para el mediodía del martes 14 de diciembre estaba ya en el despacho de
la fiscal general de la Nación. Son 123 páginas de análisis y 10 mil fojas de
anexos documentales que Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de
Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador, aspira a que se conviertan
en el punto de partida del proceso de indagación previa sobre lo que ha
llamado caso Sucre-Foglocons: capítulo ecuatoriano del esquema de lavado de
activos probablemente más grande de la región, que operó a través del Sistema
Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre) con el hombre duro del
chavismo Álex Saab como protagonista y, en Ecuador, la empresa Foglocons como
principal operadora.
“Rafael, juguemos duro con el Sucre”, le dijo Hugo Chávez al entonces
presidente ecuatoriano en una conferencia conjunta que ofrecieron en 2011. Y
lo hicieron. Son 2.500 millones de dólares en exportaciones ficticias y
operaciones fraudulentas los que ha conseguido rastrear la Comisión de
Fiscalización. El informe demuestra, además, que el gobierno de Correa utilizó
fondos de la reserva del Banco Central para cubrir esas operaciones de
comercio exterior entre privados. “Es posible que el presunto delito de lavado
de activos esté por prescribir -dijo Villavicencio- pero el delito central que
incorporamos en el expediente es presunto peculado. Y el peculado es
imprescriptible”.
Según un reporte de Roberto Aguilar para el diario Expreso de Ecuador, Ahora Villavicencio se cuida de decir “presunto” en todas
sus intervenciones. Una redacción inicial del informe llegaba a declarar la
“autoría mediata” de Rafael Correa en los delitos detectados y fue muy
criticada en la comisión. “No somos jueces”, fue el reclamo de los
comisionados. Finalmente se aprobó una versión atemperada en el lenguaje y las
formas, en la que la complicidad de los gobiernos de Ecuador y Venezuela en el
esquema de corrupción queda firmemente asentada, nomás no se declara. El
informe se limita a presentar nombres para su investigación: Rafael
Correa, Andrés Arauz, Diego Borja, Pedro Páez… Desde los responsables de
la administración del sistema Sucre en el Banco Central hasta el presidente de
la República, pasando por los superintendentes de Bancos y de Compañías, los
directores de los servicios de Aduanas y de Rentas Internas, la propia
Fiscalía y los jueces que, en palabras de Villavicencio, “liberaron 57
millones de dólares a favor de la compañía de Álex Saab”.
Los correístas de la comisión (Roberto Cuero, María Gabriela Molina y Comps
Córdova) patalearon hasta el final. Y perdieron. Tuvieron que
conformarse con anexar un informe de minoría en el que demuestran una verdad
de perogrullo: que un sistema regional de pagos como el Sucre (y cita ejemplos
varios como el Acuerdo Monetario Europeo y el ACU asiático) es un esquema
legal y no existe necesariamente para cometer delitos. “El Sucre no es, per
se, un mecanismo para lavar activos”, insistió Roberto Cuero hasta minutos
antes de la votación.
A los tres legisladores correístas se sumó, en su rechazo al informe de
mayoría, la socialcristiana Soledad Diab. Ella había mantenido un apoyo
entusiasta a la investigación pero se distanció en los últimos días de
debates, a raíz de la inclusión de cierta información sobre
las operaciones de exportación con el sistema Sucre que se movieron a
través del Banco Amazonas. Diab no tuvo empacho en actuar prácticamente como
una intermediaria de la comisión con Jorge Muñoz, ejecutivo de ese banco. Ella
también votó en contra. El informe se aprobó con cinco votos.
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