Juez de Nueva York desestimó argumentos de la defensa de la “PDVSA de Guaidó” y ordenó resarcir más de $60 millones a prestamista

Un bufete estadounidense contratado por el equipo de Juan Guaidó alegó que la
culpa del atraso de pagos de PDVSA al prestamista Red Tree fue de las sanciones. Sin
embargo el juez descalificó la defensa por inconsistente y ordenó a PDVSA (la
de Guaidó) pagar $63,5 millones, reseñó La Tabla (@latablablog).

“La información de las agencias no dice que la decisión del juez Kevin Castel,
del Distrito Sur de Nueva York, se basó en que el bufete Hogan Lovells no
probó la imposibilidad de pagar y que retención temporal de pagos fue por
“sobrecumplimiento” (#overcompliance) de los bancos”. según @latablablog.

La demanda de ejecución sumaria de un acuerdo de pagarés entre PDVSA y
entidades financieras de General Electric firmado en 2015, fue presentada en
febrero de 2019, luego del reconocimiento del gobierno de EEUU a Juan Guaidó
como presidente.

“Los abogados contratados por el seudoprocurador “Nacho” Hernández, lograron
postergar la decisión con el falaz argumento de que sus clientes no tenían
acceso a los documentos por la “situación política” de Venezuela. Lo que en
realidad pasó es que Guaidó nunca tuvo el gobierno”, según @latablablog.

Tras descartarse el argumento del acceso a los documentos, los “defensores”
señalaron que la ejecución del pago era imposible y presentaron como prueba
las retenciones de pagos en dos bancos. Pero no sé puede alegar la torpeza
como defensa: los pagos, al final, se realizaron.

Valga precisar que tales retenciones o atrasos fueron entre 2016 y 2018 cuando
los pagos los ejecutó la administración de PDVSA bajo control del gobierno de
Nicolás Maduro. Dicho de otro modo, los abogados del bufete HoganLovells
querían “ganar indulgencia con escapulario ajeno”.

Hay dos datos adicionales de suma importancia. Uno, que el despacho legal
HoganLovells fue uno de los tres bufetes que, siendo contratistas del gobierno
venezolano y PDVSA para la fecha, “saltaron la talanquera” y se colocaron al
servicio del equipo de Guaidó en FEB 2019.

Y dos, qué el abogado Dennis H. Tracey, III, jefe de litigios del bufete y
principal representante de PDVSA en la causa, tiene en su cartera personal de
clientes a General Electric, es decir la contraparte originaria de la estatal
petrolera de Venezuela objeto de la demanda.

Un dato imperdible es que el bufete HoganLovells retuvo documentos e
información propiedad de la de la República, del BCV y de PDVSA, en la oficina
de sus asociados, en el Centro San Ignacio de Caracas.

#Tablazo Hasta un bufete estadounidense contratado por la #bandaGuaidó alegó que la culpa del atraso de pagos de PDVSA a un prestamista es de las sanciones. Sin embargo el juez descalificó la defensa por inconsistente y ordenó a PDVSA (la de Guaidó) pagar 63,5 millones de $$. pic.twitter.com/MvxSpCsiY0

— La Tabla (@latablablog) December 26, 2021

La información de las agencias no dice que la decisión del juez Kevin Castel, del Distrito Sur de Nueva York, se basó en que el bufete Hogan Lovells no probó la imposibilidad de pagar y que retención temporal de pagos fue por “sobrecumplimiento” (#overcompliance) de los bancos. pic.twitter.com/jLK0Uxd2Tv

— La Tabla (@latablablog) December 26, 2021

La demanda de ejecución sumaria de un acuerdo de pagarés entre PDVSA y entidades financieras de General Electric firmado en 2015, fue presentada en febrero de 2019, luego del reconocimiento del gobierno de EEUU a Juan Guaidó como presidente.

— La Tabla (@latablablog) December 26, 2021

Los abogados contratados por el seudoprocurador “Nacho” Hernández, lograron postergar la decisión con el falaz argumento de que sus clientes no tenían acceso a los documentos por la “situación política” de Venezuela. Lo que en realidad pasó es que Guaidó nunca tuvo el gobierno. pic.twitter.com/QXYAuBMFfa

— La Tabla (@latablablog) December 26, 2021

Tras descartarse el argumento del acceso a los documentos, los “defensores” señalaron que la ejecución del pago era imposible y presentaron como prueba las retenciones de pagos en dos bancos. Pero no sé puede alegar la torpeza como defensa: los pagos, al final, se realizaron.

— La Tabla (@latablablog) December 26, 2021

Valga precisar que tales retenciones o atrasos fueron entre 2016 y 2018 cuando los pagos los ejecutó la administración de PDVSA bajo control del gobierno de Nicolás Maduro. Dicho de otro modo, los abogados del bufete HoganLovells querían “ganar indulgencia con escapulario ajeno”.

— La Tabla (@latablablog) December 26, 2021

Hay dos datos adicionales de suma importancia.
Uno, que el despacho legal HoganLovells fue uno de los tres bufetes que, siendo contratistas del gobierno venezolano y PDVSA para la fecha, “saltaron la talanquera” y se colocaron al servicio de la #bandaGuaidó en FEB 2019. pic.twitter.com/eUAyP59hit

— La Tabla (@latablablog) December 26, 2021

Y dos, qué el abogado Dennis H. Tracey, III, jefe de litigios del bufete y principal representante de PDVSA en la causa, tiene en su cartera personal de clientes a General Electric, es decir la contraparte originaria de la estatal petrolera de Venezuela objeto de la demanda. pic.twitter.com/Utkp4N3Z1x

— La Tabla (@latablablog) December 26, 2021

#Plus Un dato imperdible es que el bufete HoganLovells retuvo documentos e información propiedad de la de la República, del BCV y de PDVSA, en la oficina de sus asociados, en el Centro San Ignacio de Caracas. Así lo informó @latablablog en MAR 2021. pic.twitter.com/D3sbI3yvF2

— La Tabla (@latablablog) December 26, 2021

Aquí pueden leer el hilo de #LaTabla sobre la retención de documentos e información de la República Bolivariana de Venezuela en la oficina del bufete Hogan Lovells en Caracashttps://t.co/hW7eUbHR8Y

— La Tabla (@latablablog) December 26, 2021